La seguridad y el terrorismo siguen siendo temas principales en la agenda. Los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a un crimen organizado y redes de narcotráfico cada vez más complejas y difíciles de desarticular. Las células terroristas representan un riesgo que todos los países del mundo tienen que seguir mirando con atención.
De acuerdo con un ranking elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC), el crimen organizado es el principal riesgo político en América Latina para 2023. Las organizaciones criminales que se concentran en Centroamérica se han esparcido por toda la región y son uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos a la hora de generar políticas de seguridad eficientes. La porosidad de las fronteras de los países de la región genera una dificultad en su control lo que resulta en la expansión de bandas criminales que, en algunos casos, pueden controlar sectores de la sociedad generando serias dificultades de gobernabilidad. Por otro lado, la amenaza terrorista actual es cada vez más diversa en cuanto a cantidad de grupos y a regiones en las que tienen influencia. El contraterrorismo, que ya no se encuentra en la cima de la jerarquía de seguridad nacional en los Estados Unidos y Europa como lo fue desde el 2001, está muy lejos de ser la prioridad nacional para los gobiernos de muchos de los países latinoamericanos.
Esta aparente facilidad de entrada, sumada al desafío omnipresente de las redes terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah y lo residual del ISIS genera un desafío muy grande que no podemos dejar de considerar.
Por otro lado, las organizaciones del narcotráfico hoy están expandiendo rápidamente su poder a todos los países de la región, lo que retroalimenta el problema del terrorismo generando serios desafíos a la gobernabilidad y a la seguridad de la población.