Cuando se habla del “mercado”, se hace referencia al espacio (no necesariamente físico) donde se intercambian bienes y/o servicios. También se puede aplicar a divisas, acciones, etc., que uno no asocia directamente como un bien.

En los mercados en general, los precios que se negocian resultan del libre juego de la oferta y la demanda. Esto sucede porque los oferentes llevan al mercado los bienes (o servicios) tratando de cobrar por ellos el mayor precio posible, mientras que los demandantes (consumidores) tratarán de conseguirlos al menor precio posible. Cuando los mercados se manejan con libertad, las partes encuentran un precio de equilibrio, es decir, quienes venden lograron colocar su producto o servicio a un precio que les satisface, mientras que quienes compran, aceptaron también pagar dicho precio dado que lo consideran acorde a sus expectativas.

Sin embargo, en ciertos mercados, aparece un organismo, ente, gobierno, etc, que decide intervenirlos, generando que dicho equilibrio se altere. Si quien regula decide establecer “precios máximos”, probablemente habrá más cantidad demandada que la que los oferentes estarán dispuestos a entregar, lo cual derivará en un exceso de demanda que quedará insatisfecha, no pudiendo obtener el bien o servicio que busca (por ejemplo, cuando se fija el precio del dólar). Por el contrario, cuando se establecen “precios mínimos”, se generará un exceso de oferta, dado que los demandantes no estarán dispuestos a pagar dicho precio y buscarán satisfacer su necesidad de otra forma (por ejemplo, si a un empleador -que demanda trabajadores- lo obligan a pagar un salario mínimo, no querrá contratar gente, quedando un exceso de mano de obra sin poder conseguir trabajo). 

Más allá de las buenas intenciones con las que los reguladores establecen estas intervenciones, dado que las mismas son artificiales y alteran el equilibrio entre oferta y demanda, no son sustentables en el tiempo al generar distorsiones de distinta índole. 

Esas distorsiones, pueden provocar oportunidades de negocios para quienes tengan una posición “dominante” a partir de la intervención, pero su sustentabilidad será endeble por la propia naturaleza de la situación. Como habíamos dicho, la regulación de un mercado no es sostenible en el tiempo.

En la Argentina, tenemos mucha experiencia al respecto: por ejemplo, cuando se establecen tarifas a la importación, que buscan generar ventajas para manufacturas locales, que no serían económicamente sostenibles sin esa protección. También podría suceder lo mismo cuando se fijan retenciones a las exportaciones, dado que si el precio de la divisa que obtendrá el vendedor se regula con un precio máximo, producen la pérdida de competitividad de la oferta de bienes o servicios nacionales.

En el equilibrio general de una economía, lamentablemente quienes terminan absorbiendo los desbalances que surgen de dichas regulaciones, son siempre, los consumidores. Es decir, de una u otra forma, nos perjudicamos absolutamente todos.

Julián Cohen